Estados Unidos y México discrepan sobre papel de la DEA en decomiso histórico de metanfetamina
La disputa sobre quién debe llevarse el crédito por uno de los mayores aseguramientos de metanfetamina en años volvió a poner en evidencia la compleja cooperación entre autoridades mexicanas y agencias estadunidenses. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, aseguró que los recientes decomisos en México —entre ellos el aseguramiento el viernes de más de 16 toneladas en Sinaloa— “no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación” de esa agencia. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó el operativo a la Unidad de Inteligencia Naval, “fortalecida” con el intercambio de información con agencias estadunidenses.
La diferencia no es solo de egos. Decir que fue la DEA o que fue la Unidad de Inteligencia Naval implica cuestionamientos sobre soberanía, protocolos de cooperación y, sobre todo, sobre quién asume la responsabilidad de seguir la cadena de pruebas, procesar a los implicados y garantizar transparencia en el procedimiento.
Según la DEA, el volumen decomisado en Sinaloa y otros operativos recientes representa uno de los golpes más grandes contra la metanfetamina en años. Las autoridades mexicanas, encabezadas por García Harfuch, celebraron el resultado operativo pero enfatizaron la capacidad nacional, en especial de la Unidad de Inteligencia Naval, para dirigir y ejecutar el aseguramiento, aunque reconocieron el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.
Para la ciudadanía, lo importante no es tanto quién firma el comunicado, sino qué cambia en la vida diaria. La metanfetamina sigue siendo una droga con alto poder destructivo en comunidades del norte y centro del país. Los decomisos masivos pueden reducir temporalmente la oferta, pero la experiencia indica que los grupos criminales se adaptan: cambian rutas, modus operandi y ponen en riesgo a poblaciones locales.
Expertos consultados por este medio señalan que los impactos sostenibles requieren tres elementos: mejor trabajo de inteligencia judicial para que las incautaciones deriven en sentencias; programas de prevención y tratamiento de adicciones; y transparencia en la cooperación internacional. La colaboración con la DEA y otras agencias puede ser útil, pero debe estar acompañada de reglas claras que preserven la autonomía operativa y la cadena de custodia en México.
También hay preguntas pendientes sobre la trazabilidad de esa cocaína sintetizada: ¿de dónde salen los precursores? ¿qué redes logísticas están detrás? La respuesta a estas preguntas define si el operativo fue un golpe simbólico o un punto de inflexión en la red de producción y distribución.
Desde una mirada ciudadana y progresista, el avance es bienvenido si se traduce en menos violencia y más protección social. A la par de los operativos, es indispensable fortalecer la investigación judicial, aumentar la capacidad de las comunidades para ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo y garantizar programas de salud pública que atiendan a personas con problemas de consumo.
La narrativa seguirá siendo tema de disputa entre la DEA y funcionarios mexicanos como Omar García Harfuch, pero la discusión pública debe dirigirse también a exigir resultados concretos: detenciones judicialmente sólidas, transparencia en el intercambio de inteligencia y políticas públicas que reduzcan tanto la oferta como la demanda de drogas. Sin esos pasos, los decomisos, por grandes que sean, corren el riesgo de quedar como titulares pasajeros sin impacto duradero en la seguridad y el bienestar de la población.
Reporta: un joven periodista mexicano. Fuentes: DEA; declaraciones de Omar García Harfuch y la Unidad de Inteligencia Naval.
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