Estados Unidos y México se disputan crédito por decomiso récord de metanfetamina
La DEA asegura que su inteligencia fue clave; el gobierno mexicano atribuye el éxito a la Unidad de Inteligencia Naval.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) afirmó esta semana que los recientes decomisos de metanfetamina en México, incluido el aseguramiento el viernes pasado de más de 16 toneladas en Sinaloa, “no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación” de esa agencia. En contraste, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuyó el operativo al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, “fortalecido” por el intercambio de información con agencias estadunidenses.
La diferencia en los relatos no es solo una disputa por el crédito. Detrás hay cuestiones prácticas: quién identificó los blancos, cómo se coordinó el operativo, y qué tanto de la evidencia puede sostenerse en procedimientos judiciales internacionales. La DEA, en su comunicado, subraya el papel de su inteligencia; la versión de Harfuch destaca la capacidad operativa mexicana y la colaboración con socios extranjeros.
Para la población, la noticia tiene implicaciones concretas. Un decomiso de más de 16 toneladas reduce temporalmente la oferta de metanfetamina en las calles, pero no garantiza una caída sostenida en adicciones, violencia o distribución. Como en un rompecabezas, una pieza grande no resuelve la imagen si faltan políticas de prevención, tratamiento y desarrollo social en las comunidades afectadas.
Expertos consultados por este diario señalan que los golpes a la logística y al acopio de droga son necesarios, pero insuficientes sin transparencia en las cadenas de investigación y sin políticas públicas que ataquen la demanda y las causas económicas que alimentan el narcotráfico.
La coordinación entre agencias —DEA, la Unidad de Inteligencia Naval y las instancias mexicanas de procuración de justicia— deberá quedar registrada y explicada para evitar disputas que entorpezcan procesos judiciales o investigaciones futuras. Si hay colaboración efectiva, conviene documentarla públicamente; si hay fallas, conviene corregirlas pronto.
En lo inmediato, la ciudadanía puede esperar mayor presencia policial en puntos clave y comunicados oficiales. Pero el desafío real sigue siendo estructural: reducir el consumo, ofrecer alternativas laborales y fortalecer el tejido social en regiones como Sinaloa, que han visto convertir la producción y el tráfico de drogas en una economía paralela.
La noticia, más que un acto de fuerza, es una oportunidad para pedir transparencia y medidas de largo plazo. Como dijo la DEA en su pronunciamiento y lo confirmó el propio Harfuch al reconocer el intercambio de información, la cooperación existe. Ahora toca que esa cooperación se traduzca en resultados sostenibles para la seguridad y el bienestar de la población.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
