Refuerzan seguridad en Chimalapas tras ruptura del diálogo zoque
Vence el plazo otorgado por comunidades zoques; negocian en la congregación de Díaz Ordaz mientras crece la intervención de autoridades de Chiapas
San Miguel Chimalapa, Oax. — Tras el vencimiento del plazo que líderes zoques dieron a autoridades y supuestos colonos, un contingente policial llegó a la zona de los Chimalapas, en lo que comunidades describen como un “blindaje” que busca contener una escalada de confrontaciones por la posesión de la tierra. El Imparcial de Oaxaca reporta que las mesas de negociación se llevan a cabo en la congregación de Díaz Ordaz, donde persiste la tensión.
Vecinos y comuneros dijeron que la presencia de elementos estatales y federales se percibe desde primera hora; patrullajes y retenes controlan accesos a caminos rurales. “Vinieron a poner orden, pero también nos deja alerta”, comentó una mujer adulta mayor que pidió omitir su nombre. Las escuelas y algunos comercios han reducido actividades por la incertidumbre.
La disputa en los Chimalapas tiene raíces profundas: reclamaciones territoriales históricas entre comunidades indígenas de Oaxaca y grupos con apoyo de autoridades de Chiapas han derivado en episodios de violencia y despojo. Según reportes recabados por este periódico, representantes de Chiapas han intensificado su reclamo en los últimos días, lo que complicó el entendimiento previo y motivó la reacción de las comunidades zoques.
En Díaz Ordaz, líderes comunales negocian puntos urgentes: levantamiento de bloqueos, garantías de seguridad para población civil y la instalación de mesas de diálogo con instancias federales. Voceros de las asambleas comunitarias insisten en que sólo aceptarán soluciones que respeten el régimen agrario y los usos y costumbres. “La tierra es de los pueblos; no la vamos a ceder”, señaló un representante presente en la reunión.
Autoridades estatales consultadas por El Imparcial de Oaxaca señalaron que la actuación policiaca busca prevenir enfrentamientos y proteger la integridad de la población, pero pidieron tiempo para definir estrategias de mediación. Organizaciones civiles han demandado la intervención del gobierno federal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para garantizar un proceso pacífico y con perspectiva de derechos.
El impacto en la vida cotidiana es palpable: familias que dependen de la venta de productos en mercados regionales ven reducirse sus ingresos; mensajería y transporte local reportan retrasos; y el temor a nuevos brotes de violencia mantiene a comunidades en vilo. Para muchos habitantes, la solución pasa por la apertura de canales de diálogo con presencia neutral y compromisos verificables sobre demarcación y protección del territorio.
Ante la complejidad del conflicto, organizaciones de la sociedad civil proponen mecanismos de auditoría social y la participación de observadores independientes. La hoja de ruta que buscan los comuneros incluye el respeto a sus decisiones asamblearias, el reconocimiento de títulos agrarios y una política estatal que no favorezca intereses particulares en detrimento de pueblos originarios.
Mientras las negociaciones en Díaz Ordaz continúan, la calma aparente depende de la capacidad de autoridades y comunidades para construir confianza. El Imparcial de Oaxaca seguirá recabando testimonios y documentos que permitan entender con claridad los acuerdos que se alcancen y el costo que la disputa está dejando en la vida cotidiana de los chimalapeños.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
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