El ministro presidente de la SCJN impulsa una alianza institucional para fortalecer los derechos electorales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; sostiene que la democracia y la justicia no pueden ser homogéneas.
Oaxaca, Oax.— Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz colocó nuevamente en el centro de la agenda judicial los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El ministro presidente informó, a través de sus redes sociales, sobre la firma del Convenio Marco de Colaboración para la defensa y promoción de los derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El acuerdo establece una red de coordinación entre instituciones nacionales para compartir capacidades, atribuciones y experiencia con el objetivo de fortalecer las garantías para el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades.
Para Aguilar Ortiz, uno de los principales retos se encuentra en eliminar las barreras lingüísticas que todavía enfrentan las personas indígenas cuando acuden ante las instituciones encargadas de impartir justicia.
En ese sentido, destacó que contar con una persona traductora o intérprete de lenguas indígenas constituye un derecho fundamental para acceder a la justicia, aunque consideró que la coordinación institucional debe ir todavía más lejos y avanzar hacia una atención integral de las necesidades de las comunidades.
“Un derecho que no se entiende no se ejerce”, señaló el presidente de la Suprema Corte.
El planteamiento, explicó, no solamente implica acercar las leyes y normas a las personas en sus propias lenguas, sino también conseguir que las autoridades comprendan las distintas realidades culturales existentes en México.
Pluriculturalidad obliga a repensar la justicia
Hugo Aguilar sostuvo que el reconocimiento constitucional de México como una nación pluricultural obliga a revisar y repensar la forma en que funciona el sistema jurídico.
Desde esa perspectiva, advirtió que no puede pretenderse aplicar una visión única de democracia y justicia frente a la enorme diversidad cultural existente en el país.
“La democracia y la justicia no pueden ser homogéneas; reconocer la diversidad implica reconocer distintas formas de generar normas, aplicarlas y hacer justicia”, expresó.
El posicionamiento tiene especial significado para Oaxaca, entidad marcada por una profunda diversidad indígena, lingüística y comunitaria, y donde una parte fundamental de la vida política municipal se desarrolla a partir de sistemas normativos propios.
La defensa de los derechos político-electorales indígenas representa, por ello, uno de los grandes desafíos para las instituciones: garantizar la participación política y el acceso a la justicia sin desconocer las formas comunitarias de organización y toma de decisiones.
Suman esfuerzos instituciones nacionales
En la firma del convenio participan diversas instituciones responsables de ámbitos judiciales, electorales, indígenas y lingüísticos.
Aguilar Ortiz reconoció el compromiso del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
La intención es construir una coordinación que permita aprovechar las facultades y experiencia de cada organismo para ofrecer mejores condiciones de acceso y ejercicio de los derechos electorales.
Con este acuerdo, la Suprema Corte encabezada por Hugo Aguilar Ortiz busca avanzar hacia una justicia que reconozca que la diversidad cultural y lingüística del país también debe reflejarse en la manera de entender, aplicar y garantizar los derechos.
Para Oaxaca, donde la relación entre democracia, vida comunitaria, sistemas normativos indígenas y justicia electoral forma parte cotidiana de la discusión pública, el mensaje lanzado desde la Corte resulta particularmente significativo: reconocer la pluriculturalidad también significa reconocer que existen distintas formas de construir normas, ejercer derechos y hacer justicia.
