Diputada oaxaqueña exige protección tras recibir amenazas de muerte
«Yo no me voy a callar», dice la legisladora que señaló riesgo por su labor política y pidió a Gobernación medidas ante la escalada de conflictos en la entidad.
OAXACA — La diputada federal Martha Aracely Cruz denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte que vincula con sus actividades políticas y pidió a la Secretaría de Gobernación atender de manera urgente el riesgo, informó El Imparcial de Oaxaca.
Cruz aseguró que las advertencias han aumentado en las últimas semanas y que, pese al miedo que generan, no renunciará a su trabajo legislativo: «Yo no me voy a callar», declaró. La diputada solicitó que se activen las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad y la de su equipo.
El llamado de la legisladora llega en un contexto de tensión en varias regiones de Oaxaca, donde persisten conflictos agrarios, diferencias por el acceso a recursos naturales y episodios de confrontación entre autoridades comunitarias y actores políticos. Estos escenarios, explican expertos y actores locales, hacen más vulnerable la labor pública y limitan la participación ciudadana.
La exigencia de Cruz obliga a responder una pregunta elemental para la vida democrática: ¿cómo garantizan las autoridades que quien participa en política pueda hacerlo sin temor a perder la vida? Además del alivio inmediato que supone la seguridad personal, está en juego la confianza de la ciudadanía en los procesos públicos y la posibilidad de que voces críticas sigan presentes en el debate.
En México existen mecanismos federales destinados a proteger a personas en riesgo por su actividad pública o de defensa de derechos. La diputada pidió que Gobernación evalúe y adopte medidas concretas. Hasta ahora no se ha dado a conocer una respuesta oficial pública por parte de la dependencia sobre esta solicitud, según el reporte de El Imparcial de Oaxaca.
Para los habitantes de las zonas afectadas, estas amenazas no son abstracciones: implican menos presencia de representantes, decisiones públicas a puerta cerrada y, muchas veces, el silencio forzado de líderes locales. Una protección eficaz no solo es un resguardo físico; es una manera de garantizar que las decisiones que afectan a la comunidad se sigan discutiendo con pluralidad y transparencia.
Las demandas de Cruz también ponen sobre la mesa la necesidad de investigaciones rápidas y transparentes. No basta con acompañamientos y escoltas: la investigación judicial que determine origen y responsables es lo que, en el largo plazo, inhibe nuevos episodios de violencia política.
Organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos han señalado en repetidas ocasiones la necesidad de blindar a quienes ejercen funciones públicas en contextos de alta conflictividad. La combinación de prevención, protección y justicia es la que, opinan, puede reducir la recurrencia de amenazas y ataques.
Mientras tanto, la diputada mantiene su postura pública y llama a la sociedad a no normalizar la violencia política. Su caso, reportado por El Imparcial de Oaxaca, abre un espacio para que autoridades, partidos y ciudadanía reflexionen sobre medidas concretas que garanticen la seguridad de quien decide servir en lo público.
La redacción seguirá el caso y solicitará información oficial sobre las medidas que adopte Gobernación y las instancias locales. La seguridad y la participación ciudadana dependen, en buena medida, de respuestas claras y oportunas.
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