Consulta para la presa continúa pese a suspensión judicial y enciende debate en la región
Imágenes de sesiones en Santiago Yogana y Rancho Viejo, Sola de Vega, muestran a pobladores participando mientras una orden de suspensión sigue vigente
En Santiago Yogana y en la agencia Rancho Viejo, municipio de Sola de Vega, continúan celebrándose supuestas consultas comunitarias sobre la construcción de una presa, pese a una orden de suspensión que, según reporta El Imparcial de Oaxaca, habría frenado formalmente el proceso.
Vecinas y vecinos aparecen en grabaciones y fotografías participando en mesas y votaciones informales. Para muchos, la escena es confusa: algunos habitantes aseguran que se les informó que la reunión era simplemente informativa; otros dicen que se les pidió firmar listas y expresar su postura sobre la obra.
La polémica nace de la contradicción entre la orden de suspensión y la continuidad de las reuniones. Habitantes consultados por El Imparcial de Oaxaca expresan preocupación por la falta de claridad sobre quién convocó las consultas y bajo qué criterios se realizan. “Nos piden decidir algo cuando no está todo claro”, dice una vecina de Rancho Viejo.
El proyecto de la presa implicaría cambios en el uso del agua, desplazamiento de parcelas y modificación del paisaje; temas que tocan la vida cotidiana de las familias: riego, acceso al agua potable y el sustento agrícola. Por eso, varias organizaciones comunitarias y defensores del territorio han pedido transparencia y la garantía de consultas libres, previas e informadas.
Desde un enfoque jurídico y ciudadano, la prioridad debería ser que las autoridades expliquen públicamente el alcance de la suspensión y quién está facultado para convocar consultas. La ausencia de esa claridad abre espacio a decisiones que podrían no respetar derechos colectivos.
Este conflicto no es solo técnico; es político y social. Invita a que la comunidad, las autoridades municipales y las instancias estatales o federales dialoguen con información verificable y acompañamiento independiente. La construcción de una presa puede ser una oportunidad de desarrollo, pero sin procedimientos legítimos y sin consenso claro corre el riesgo de generar más daño que beneficio.
Preguntar y exigir información es un acto de ciudadanía. Las autoridades tienen la responsabilidad de informar y garantizar que cualquier consulta cumpla con la ley y con los estándares que protegen a las comunidades afectadas.
Según El Imparcial de Oaxaca, la controversia sigue abierta y la expectativa ahora es que las autoridades correspondientes aclaren la situación y se garantice un proceso transparente y respetuoso de los derechos comunitarios.
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