Productores de jitomate exigen reglas claras y garantía de precio justo tras acuerdo nacional
Productores piden medidas concretas en contratos, pagos y transparencia para que el acuerdo no se quede en papel
Productores de jitomate de varias regiones del país elevaron su voz esta semana para exigir que el recién anunciado Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate no se quede en declaraciones: piden reglas claras, contratos formales y mecanismos que garanticen un precio digno y pagos puntuales.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el acuerdo representa “un cambio profundo en la relación entre productores, compradores y sectores estratégicos del país”, y que la iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, en los campos siguen las dudas: los productores reclaman definiciones sobre cómo se fijará el precio justo, quiénes serán los compradores regulados y qué mecanismos habrá para evitar prácticas que los dejan sin margen de ganancia.
En reuniones locales y mesas de trabajo informales, representantes del sector explican que su principal preocupación no es sólo el precio por kilo, sino la certidumbre para planear siembras, la existencia de contratos que obliguen a compradores y la agilidad en los pagos. “Para nosotros, el costo de producir sube cada año: insumos, transporte, fertilizantes. Necesitamos reglas que nos permitan no jugar a la ruleta cada cosecha”, señalaron productores consultados en una asamblea regional.
Los puntos que más insisten los productores son fiscales: un piso mínimo de precio que cubra costos de producción, contratos marco que eviten cancelaciones unilaterales, transparencia en las cadenas de comercialización para reducir intermediarios y mecanismos de pago que no tarden meses en concretarse. También piden inversión en infraestructura de frío y logística para reducir pérdidas posteriores a la cosecha.
Desde la Secretaría de Agricultura, según el comunicado oficial, se plantea una agenda de diálogo con los distintos eslabones del sector y la participación de instancias como la Secretaría de Economía para ordenar la comercialización. No obstante, los productores piden plazos y propuestas concretas: quieren ver cifras, calendarios y responsables claros.
El contexto importa. México es un actor clave en la producción y comercio de jitomate, y cualquier cambio en la regulación tiene impacto directo en bolsillos: para los productores, en su capacidad de mantener la actividad; para los consumidores, en la disponibilidad y el precio en las mesas. Un acuerdo mal implementado puede beneficiar a grandes compradores y dejar a pequeños y medianos productores en desventaja, advierten especialistas consultados por distintas organizaciones del sector.
El llamado de los productores es también político y social: buscan que la política pública se diseñe con participación real y no desde oficinas, y que el Estado garantice condiciones de justicia comercial. En ese sentido, organizaciones campesinas han anunciado que mantendrán la presión hasta que se publiquen reglas claras y se establezcan mesas de verificación independientes.
¿Qué sigue? La Secretaría de Agricultura, según su propio anuncio, tiene la responsabilidad de coordinar la implementación del acuerdo y de convocar a las partes. Para que la medida funcione en la práctica, los productores piden transparencia en los indicadores de precio, plazos definidos para la firma de contratos, y la instalación de mecanismos de resolución de conflictos accesibles y rápidos.
Si el objetivo es que el jitomate deje de ser un campo de incertidumbre y pase a ser un mercado ordenado, hacen falta más que buenas intenciones: calendarios, cifras y responsabilidades públicas. Los productores lo saben y lo repiten: quieren construir la mesa, no sólo ser invitados a comer. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendrá que demostrar que el acuerdo puede convertirse en reglas claras y vigilancia efectiva; de lo contrario, el descontento podría traducirse en movilizaciones y presión ciudadana para proteger tanto la producción nacional como el derecho de la población a acceder a alimentos a precios justos.
Fuente: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
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