Conagua vuelve a aplazar resolución sobre la presa mujer solteca; inicio de obra se mueve a julio
Comunidades y ambientalistas piden claridad sobre impactos y compensaciones
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) volvió a postergar la resolución sobre la construcción de la presa denominada Mujer Solteca, cuyo arranque estaba programado para el 5 de mayo y, según reportes, ahora se plantea hasta el mes de julio. La información fue difundida por El Imparcial de Oaxaca, que da cuenta de un nuevo retraso en el calendario del proyecto.
La decisión vuelve a dejar en incertidumbre a habitantes de la zona y a productores que esperan conocer si la obra traerá beneficios para el riego y el abasto, o si por el contrario implicará afectaciones a tierras, vías de comunicación y ecosistemas ribereños. Para muchos vecinos, el aplazamiento no es una buena noticia: se suma a meses de dudas y promesas incumplidas.
El proyecto de la presa Mujer Solteca ha sido presentado por autoridades como una obra para mejorar el suministro de agua y aumentar la superficie de riego. Sin embargo, desde su anuncio también ha enfrentado críticas por la falta de información pública clara sobre impactos ambientales, reasentamientos y criterios técnicos. Organizaciones civiles y grupos de la comunidad han exigido que cualquier avance vaya acompañado de estudios independientes, garantice la consulta a las comunidades afectadas y ofrezca mecanismos reales de reparación si hubiera daños.
El aplazamiento, según fuentes consultadas por El Imparcial de Oaxaca, responde a trámites y evaluaciones pendientes en instancias federales. Aunque Conagua es la responsable de la decisión administrativa sobre aguas y obras hidráulicas, el proyecto también toca áreas que requieren coordinación con otras dependencias y la participación social. Esa coordinación, hasta ahora, no ha sido percibida por la comunidad como suficiente.
Para quienes trabajan la tierra en la cuenca, la incertidumbre tiene efectos concretos: inversiones agrícolas detenidas, planes de siembra cambiados y dudas sobre si recibirán agua de riego adicional o, por el contrario, enfrentarán cambios en el uso del suelo que reduzcan su acceso a parcelas. Además, ambientalistas alertan sobre posibles impactos en ríos y humedales donde conviven especies locales que podrían verse afectadas por cambios en los caudales.
La historia de postergaciones alimenta la desconfianza. Si bien es legítimo que el Estado revise con cuidado estudios técnicos y cumpla con normativas ambientales, la falta de información clara y canales de participación refuerza la sensación de que las decisiones se toman lejos de las comunidades. Transparencia y diálogo público son clave para reducir conflictos y construir soluciones acordadas.
¿Qué reclaman las comunidades y grupos civiles? Primero, que se hagan públicos los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones hidráulicas en un lenguaje comprensible. Segundo, que se convoque a consultas reales, no solo informativas, donde las comunidades tengan voz efectiva. Tercero, que se establezcan esquemas de compensación y protección social para quienes resulten afectados por expropiaciones o pérdida de acceso a recursos.
En este contexto, la prensa local como El Imparcial de Oaxaca ha seguido el caso y ha reflejado las preocupaciones ciudadanas. Para avanzar con legitimidad, las autoridades federales y estatales deben articular un proceso claro: plazos transparentes, participación documentada y supervisión independiente de los impactos. Sin esos pasos, cada nuevo aplazamiento será interpretado como una señal de falta de control y de justicia para las comunidades.
La suspensión hasta julio, real o tentativa, debería servir como una oportunidad para mejorar el proceso: publicar la información técnica, abrir espacios de diálogo y garantizar que cualquier beneficio propuesto llegue efectivamente a quienes lo necesitan. Si no se aprovecha, el proyecto corre el riesgo de profundizar desigualdades y generar conflictos que podrían haberse evitado con previsión y voluntad política.
Seguiremos al pendiente para documentar los avances y las respuestas oficiales de Conagua y de las autoridades estatales, así como las reacciones de las comunidades afectadas. La decisión final no es solo un trámite administrativo: es un asunto que incide en el agua, el trabajo y la vida cotidiana de muchas familias.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El Imparcial