La empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., vinculada a Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría sostenido relaciones comerciales con al menos nueve empresas catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como factureras o empresas fantasma, por un monto que supera los 136 millones de pesos.
Según una investigación publicada por Jorge García Orozco y EMEEQUIS, la constructora realizó operaciones con compañías señaladas por las autoridades fiscales por presuntamente simular actividades comerciales mediante la emisión de comprobantes fiscales sin respaldo real.
El reportaje detalla que las operaciones identificadas ocurrieron entre 2015 y 2021. Durante ese periodo, la empresa también habría cancelado facturas por más de 124 millones de pesos, una práctica que especialistas consideran susceptible de ser utilizada para modificar obligaciones fiscales o ajustar operaciones previamente reportadas ante el SAT.
La investigación refiere que varias de las compañías con las que tuvo vínculos comerciales Constructora Chocosa aparecen en las listas definitivas del SAT como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, entidades que presuntamente emitieron facturas sin contar con infraestructura, personal o capacidad material para prestar los servicios registrados.
EMEEQUIS señala además que los registros revisados muestran transferencias y movimientos financieros relacionados con dichas empresas, así como contratos y comprobantes fiscales que forman parte de los expedientes públicos consultados por el medio.
Hasta el momento, ni los representantes de la constructora ni los familiares del mandatario estatal señalados en el reportaje habían emitido una postura pública detallada sobre las operaciones mencionadas en la investigación.
La publicación también subraya que este tipo de esquemas son investigados por las autoridades fiscales debido a su posible relación con evasión tributaria, simulación de operaciones y desvío de recursos, aunque corresponde a las instancias competentes determinar cualquier responsabilidad legal.
Fuente: EMEEQUIS