Cndh e imco piden revisar decisión sobre el nuevo ciclo escolar
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encendieron este miércoles las alarmas tras el anuncio del cambio en el ciclo escolar, y exigieron una revisión profunda de la medida antes de su aplicación. Ambos organismos advierten que la modificación puede afectar la educación y el cuidado de niñas, niños y adolescentes, así como la economía familiar.
Según la CNDH, el ajuste al calendario escolar plantea riesgos para el derecho a la educación, sobre todo para estudiantes en contextos vulnerables que dependen de la escuela no solo para aprender, sino también para recibir alimentos y atención social. Por su parte, el IMCO señaló que la medida podría generar costos añadidos para las familias y complicar la organización laboral de padres y madres, sobre todo de quienes no cuentan con opciones de cuidado alternativas.
La propuesta de cambiar el inicio y cierre del ciclo —impulsada por la Secretaría de Educación Pública— busca, según el gobierno, alinear el calendario con ciertos objetivos administrativos. Sin embargo, la CNDH y el IMCO piden que antes de implementarla se publique un estudio de impacto que cuantifique efectos en la asistencia, el aprendizaje y la economía doméstica, y que se realice una consulta amplia con docentes, familias y autoridades locales.
En lenguaje claro: para muchas familias la escuela funciona como un reloj que organiza el día. Un cambio en ese reloj obliga a reajustar guarderías, horarios de trabajo y apoyos comunitarios. El IMCO insiste en que sin medidas de acompañamiento —como apoyos temporales a madres y padres trabajadores o la ampliación de servicios de cuidado— el ajuste puede dejar a muchas familias en aprietos.
La CNDH recordó también la necesidad de proteger a los estudiantes más vulnerables: quienes reciben desayunos escolares, quienes tienen discapacidades o quienes viven en zonas con servicios limitados. Para estos grupos, una transición mal planeada puede significar pérdidas reales en salud y aprendizaje.
Ambos organismos demandan transparencia: que la SEP haga públicos los criterios técnicos que sustentan la decisión, que muestre las cifras de impacto y que abra canales de diálogo regionales. También plantean que cualquier cambio vaya acompañado de un plan de mitigación con recursos específicos y plazos claros.
En resumen, la demanda de la CNDH y el IMCO es simple y práctica: no mover el calendario sin saber a quiénes perjudica y sin tener listo un plan para proteger a las familias y a los estudiantes. Si la política pública es un puente hacia el bienestar, piden construirlo con planos, vigilancia pública y la voz de quienes lo atraviesan cada día.
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