Fiscalía federal investiga a 20 defensores indígenas por disputa ligada a la supercarretera en Oaxaca
Comuneros de San Francisco Coatlán denuncian persecución y criminalización; según El Imparcial de Oaxaca, la FGR abrió indagatorias que ahora alcanzan a líderes y promotores comunitarios.
San Francisco Coatlán, Oaxaca. La Fiscalía General de la República (FGR) concentra ahora investigaciones contra 20 personas identificadas como defensores del territorio en esta comunidad zapoteca, en el marco del conflicto suscitado por obras de la llamada supercarretera a la Costa, informa El Imparcial de Oaxaca.
Los comuneros aseguran que las medidas judiciales representan una estrategia de criminalización contra quienes han rechazado la obra por su impacto en tierras, agua y modos de vida. Señalan que en semanas recientes varios integrantes de la comunidad recibieron notificaciones y fueron citados en procesos penales que, según dicen, buscan debilitar la organización comunitaria.
La FGR, por su parte, plantea que las indagatorias responden a denuncias por hechos relacionados con el conflicto social en la zona. En medios locales recopilados por El Imparcial de Oaxaca se reporta que las autoridades federales sostienen la necesidad de investigar posibles delitos sin dejar de respetar garantías procesales.
Este enfrentamiento no es nuevo en la región. Desde la planificación de la supercarretera, comunidades de la Sierra Sur han advertido sobre la falta de consultas claras y el riesgo para parcelas comunales, manantiales y actividades agrícolas. Para las y los defensores, la carretera representa no solo una vía de tránsito sino una amenaza a su autonomía y al tejido social.
Organizaciones civiles consultadas por El Imparcial de Oaxaca han expresado preocupación por el uso del sistema penal contra liderazgos comunitarios. Piden que las autoridades valoren medidas alternativas a la judicialización, garanticen procesos transparentes y activen mecanismos de protección para quienes defienden territorios.
El impacto es tangible: la amenaza de procesos penales fractura reuniones comunales, alarga incertidumbres sobre la posesión de la tierra y dificulta la participación colectiva en decisiones sobre el futuro del pueblo. Para muchas familias de Coatlán, la disputa ya se traduce en menos seguridad económica y mayor tensión cotidiana.
Fuentes locales enfatizan que lo que se necesita es diálogo y mecanismos de consulta libres e informados, no sólo procesos punitivos. Reclaman que la FGR y las instancias responsables de la obra trabajen con autoridades municipales y agrarias para evitar más confrontaciones y garantizar derechos.
Como periodista, seguiré el desarrollo de estas investigaciones y la respuesta institucional. Es crucial que cualquier actuación judicial se apegue a la ley y que se proteja la libertad de organización y el derecho a la defensa del territorio. El caso de San Francisco Coatlán es un recordatorio de que las grandes obras requieren no solo trazo y presupuesto, sino justicia, transparencia y respeto a las comunidades afectadas.
Información recopilada a partir de reportes de El Imparcial de Oaxaca y voces de la comunidad de San Francisco Coatlán.
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