Obras públicas: por qué los contratistas locales siguen fuera del reparto

Por: Redacción

En pueblos y ciudades de Oaxaca y otras entidades, las obras públicas siguen llegando, pero no siempre a las manos de los constructores locales. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AMIC, advierte que la tecnificación y la capacitación de la mano de obra son pendientes, mientras que el aumento de insumos y los problemas logísticos complican la participación de pequeñas y medianas empresas en los contratos estatales y federales.

La escena se repite: un gobierno anuncia una carretera, una escuela o drenaje; llegan las máquinas, pero la ejecución queda en manos de grandes firmas o de contratistas externos. ¿Por qué los constructores de la región quedan marginados? Los motivos son varios y están documentados por actores del sector y por datos oficiales.

Primero, las bases de licitación piden garantías, certificaciones y experiencia que muchos constructores locales no alcanzan. Exigir fianzas millonarias o un historial de obras similares funciona como una barrera de entrada. Según denuncian representantes del gremio consultados por la AMIC, el requisito de contar con certificaciones tecnológicas o con equipos especializados deja fuera a quienes trabajan con recursos modestos y mano de obra local.

Segundo, el alza en los precios de los insumos y los problemas logísticos encarecen y arriesgan los proyectos. Datos del INEGI, junto con reportes del sector, muestran que la inflación de materiales como concreto, acero y asfalto ha golpeado los márgenes de las empresas constructoras. Para una pyme, contratar proveedores más caros o afrontar retrasos en entregas puede implicar pérdidas o la imposibilidad de cumplir con cronogramas exigentes en las licitaciones.

Tercero, los tiempos y la forma de pago afectan la liquidez. Muchos constructores locales no cuentan con líneas de crédito o colchones financieros para asumir anticipos, comprar materiales y pagar nómina antes de recibir certificaciones de obra y pagos gubernamentales. El resultado es que empresas con respaldo bancario o mayores “espaldas” financieras acaparan los contratos.

Además, las compras consolidadas y la práctica de fraccionar obras en paquetes que favorecen a un mismo proveedor concentran la ejecución en pocos actores. La normativa a veces obliga a contar con expedientes electrónicos complejos o con requisitos administrativos que favorecen a despachos con áreas legales y administrativas consolidadas, más que a quienes conocen el territorio y la mano de obra local.

Este panorama tiene un impacto concreto en la vida cotidiana. Cuando los contratos no se asignan a empresas locales, se pierde empleo en la comunidad, se reduce la rotación del ingreso en la economía regional y se debilita la capacidad de las zonas rurales para formar mano de obra calificada. Construir con recursos públicos debería potenciar desarrollo local, no desplazarlo.

La AMIC destaca que la solución pasa por políticas públicas que acompañen a las empresas: programas de capacitación técnica para trabajadores, esquemas de certificación accesibles, apoyos financieros o garantías compartidas que permitan a pymes competir, y logística pública que reduzca costos de transporte de insumos. También propone acercar a los gobiernos mecanismos de compra que prioricen contenido local sin vulnerar la competencia y la transparencia.

Algunas experiencias en estados donde se han implementado programas de fortalecimiento empresarial muestran avances: cursos técnicos, ventanillas únicas para trámites y líneas de crédito dirigidas, combinadas con auditorías ciudadanas para evitar favoritismos. Ese modelo podría replicarse y ampliarse. No se trata de regalar contratos; se trata de nivelar el terreno para que más empresas puedan cumplír requisitos técnicos, administrativos y financieros.

La propuesta requiere voluntad política y coordinación: secretarías de obras, tesorerías, bancos de desarrollo y cámaras empresariales deben diseñar reglas que incentiven la contratación local y al mismo tiempo protejan el uso correcto del dinero público. Los constructores piden esquemas claros y predecibles, no improvisación.

Para la ciudadanía, la lección es sencilla: las decisiones sobre cómo se contrata una obra afectan empleo, precios y calidad de la infraestructura. Vigilar las licitaciones, exigir transparencia y apoyar programas de capacitación locales son acciones concretas que fortalecen la comunidad.

La obra pública puede ser una oportunidad de desarrollo si se transforma la forma en que se compra y se acompaña a las empresas locales. Según la AMIC y los datos del INEGI, ese cambio es posible, pero necesita políticas coherentes y compromiso para que la construcción deje de ser un mercado cerrado y se convierta en motor de economía regional.

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