Percepción de inseguridad sube en ciudades clave pese a leve descenso nacional
Los resultados del primer trimestre de la ENSU 2026 muestran una imagen a dos velocidades: el país registra una ligera baja en la sensación de inseguridad, pero muchas ciudades viven una realidad más amarga.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI revela que 61.5 por ciento de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad. Ese dato funciona como termómetro: a nivel nacional hay una disminución discreta en la percepción de riesgo, pero la medición oculta brechas profundas entre distintas zonas urbanas donde la percepción se mantiene o incluso se agrava.
Para la gente en la calle, la diferencia se siente en lo cotidiano. Vecinos que evitan salir por la noche, comerciantes que limitan horarios, o madres que acompañan a sus hijos hasta la puerta de la escuela describen una confianza socavada. Esa desconfianza no es solo emocional: afecta la movilidad, el comercio local y la vida comunitaria.
El INEGI también apunta a señales relacionadas con la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. Aunque los datos no muestran cambios drásticos a nivel nacional, persisten dudas sobre la efectividad de la policía y los mecanismos de denuncia en varias ciudades. Eso explica, en parte, por qué muchas víctimas no acuden a las autoridades y optan por soluciones informales o por no denunciar.
¿Qué implicaciones públicas tiene esto? Primero, que una reducción nacional no basta: los programas de seguridad deben estar calibrados por ciudad y por tipo de delito. Segundo, la confianza se construye con resultados visibles: investigación eficaz, atención a víctimas, rendición de cuentas y presencia policial con proximidad ciudadana, no solo patrullajes de fachada.
Desde una perspectiva social y progresista, la ENSU subraya la necesidad de políticas integrales que combinen prevención con inversión en educación, empleo, salud mental y espacios públicos seguros. La seguridad no se logra únicamente con más fuerza; se sostiene con oportunidades y justicia social.
El desafío para autoridades y sociedad es doble: reducir la incidencia delictiva y, al mismo tiempo, reconstruir la confianza perdida. El INEGI entrega el diagnóstico; ahora toca a gobiernos locales, Estado y ciudadanía trabajar juntos para cerrar las brechas que la encuesta pone en evidencia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ENSU primer trimestre 2026.
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