Choque en Morena por la agenda de género: Concheiro se postula y Citlalli respalda a Ingrid Gómez
La disputa interna que se desató alrededor de la subsecretaría de Mujeres muestra cómo se juegan poder y programas; Citlalli Hernández defiende la estructura creada al elevarse Inmujeres a Secretaría
Ciudad de México. Un movimiento que parecía técnico se convirtió en un pulso político al interior de Morena. El diputado Concheiro anunció su intención de participar en la contienda por espacios de decisión vinculados a la política de igualdad, mientras la senadora Citlalli Hernández salió en defensa abierta de Ingrid Gómez, subsecretaria de Mujeres, según reportes de La Jornada y Reforma.
La tensión no es solo de nombres. Se trata de quién controla la estructura que quedó armada cuando el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) cobró rango de secretaría: equipos, programas, enlaces estatales y la operativa que llega a comunidades, refugios y centros de atención. Hernández, explican fuentes consultadas por La Jornada, busca proteger esa red y a las personas que la consolidaron, entre ellas a Ingrid Gómez.
Concheiro, por su parte, se ha mostrado dispuesto a disputar espacios clave en la agenda de género. Fuentes cercanas al proceso citadas por Reforma señalan que su postulación busca ampliar su influencia dentro del partido y en la Secretaría. El choque no es inofensivo: detrás vienen decisiones sobre recursos, nombramientos y prioridades programáticas que afectan a mujeres en situación de violencia, niñas y jóvenes que dependen de programas de prevención y acceso a servicios.
Para entenderlo en términos cotidianos, imaginen un semáforo recién instalado en una intersección peligrosa. Quien controle la caja de fusibles decide cuándo se enciende, cuánto tiempo dura la luz verde y quién repara un desperfecto. En este caso, la “caja” son presupuestos, direcciones estatales y equipos de trabajo que determinan si una política llega o no a los municipios más alejados.
Desde el entorno de Citlalli Hernández aseguran que la defensa de Ingrid Gómez no es tanto personal como estratégica: se trata de sostener una estructura que, dicen, ha permitido mantener programas y brigadas activas. Sin embargo, críticos del movimiento interno advierten que el amarre de estructuras a figuras concretas puede alimentar clientelismos y bloquear la renovación de cuadros. Ese contraste entre protección y concentración de poder es el corazón del conflicto.
Los documentos programáticos y las asignaciones presupuestales —revistas por analistas de Reforma— muestran que la Secretaría de Igualdad enfrenta retos en ejecución y en transparencia. Por ejemplo, la entrega de recursos a refugios y centros de atención ha sido desigual entre entidades federativas. Quien gane la pulseada marcará la prioridad de recursos y la manera en que se atienden problemáticas como feminicidio, violencia familiar y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Más allá de las disputas internas, la pregunta que queda para la ciudadanía es clara: ¿las peleas entre grupos políticos mejorarán o empeorarán la llegada de programas a las mujeres que más los necesitan? Organizaciones de la sociedad civil consultadas por La Jornada piden claridad en criterios de asignación, procesos públicos y evaluación externa para que no se sacrifiquen resultados por lealtades políticas.
En los próximos días, Morena tendrá que definir si abre espacios de diálogo y transparencia para dirimir la contienda o si la disputa se enreda en acuerdos de pasillo. Para la gente en territorios rurales y urbanos, lo relevante será que las decisiones no queden en la retórica sino en servicios que funcionen: atención oportuna, refugios con recursos, campañas educativas y programas que prevengan la violencia.
Como periodistas, seguiremos de cerca el desarrollo de esta pulseada. Citlalli Hernández, Ingrid Gómez y Concheiro están en el centro de una batalla que va más allá de nombres y toca el acceso real a derechos. La expectativa ciudadana debe ser que, al final del proceso, las prioridades de género no se usen como moneda política sino como compromiso público con resultados medibles y equitativos.
Fuente: La Jornada; Reforma.
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