Pulseada en la UABJO: quién gana y quién pierde en la nueva disputa por el poder
La política universitaria y sus nuevas dinámicas de poder en Oaxaca
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) no es solo un centro de enseñanza: es un tablero donde se cruzan trayectorias personales, intereses colectivos, tensiones históricas y expectativas sociales. En las últimas semanas esa intersección volvió a visibilizarse en una disputa interna que, según reportes de La Jornada y Proceso, combina elecciones, control de plazas y maniobras políticas externas que ponen en riesgo la autonomía y el normal funcionamiento académico.
En el centro de la pulseada están varios actores: grupos políticos que buscan influencia en la designación de autoridades, sindicatos y redes de profesorado preocupadas por el manejo de plazas y prestaciones, y estudiantes y colectivos que piden transparencia y rendición de cuentas. La propia UABJO, en comunicados institucionales, ha reconocido la existencia de tensiones administrativas y llamó a la calma, pero la percepción ciudadana es otra: clases suspendidas, trámites paralizados y proyectos de investigación en pausa afectan a la comunidad.
¿Qué hay en juego? No es solo la rectoría. Está el control del Consejo Universitario, el reparto de plazas docentes, la administración de recursos federales y estatales, la definición de políticas de becas y programas de vinculación comunitaria. Todo ello tiene impacto directo en la vida de miles de estudiantes oaxaqueños: retraso en trámites de titulación, incertidumbre sobre pagos y condiciones laborales para el personal académico, y menos capacidad de la universidad para sostener programas sociales en regiones rurales.
Los beneficiarios más evidentes suelen ser quienes logran posicionar redes de apoyo dentro de los órganos de decisión: grupos con acceso a recursos políticos o económicos que pueden condicionar nombramientos y contratos. Pero la ganancia a corto plazo puede convertirse en pérdida a largo plazo si la institución pierde credibilidad y capacidad operativa.
Organizaciones estudiantiles y colectivos ciudadanos han exigido reglas claras para la elección de autoridades, auditorías públicas y mayor participación estudiantil, demandas recogidas por medios locales como El Imparcial. Desde la perspectiva de la sociedad, una universidad fuerte y autónoma significa mejores servicios educativos, investigación más relevante y mayor compromiso con la justicia social, objetivos que sectores progresistas han defendido históricamente.
Las soluciones no son mágicas: requieren voluntad institucional, mecanismos de transparencia y la intervención de actores externos solo como garantes, no como tutores. Propuestas que aparecen en el debate público incluyen auditores independientes, reformulación de normas internas para elecciones universitarias y espacios vinculantes para estudiantes y docentes en la toma de decisiones, medidas que han sido sugeridas en columnas y reportajes publicados por La Jornada y Proceso.
En esta pulseada por el poder en la UABJO no solo compiten intereses; compite una visión de qué debe ser la universidad pública en Oaxaca. Si gana la opacidad, pierden la docencia, la investigación y miles de jóvenes. Si se abren procesos transparentes y participativos, gana la comunidad. La responsabilidad recae en autoridades, actores políticos y, sobre todo, en la ciudadanía organizada que exige que la universidad sea un bien común y no un botín.
Fuente: reportes y reportajes de La Jornada, Proceso y comunicados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
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