Cuando el Estado se vuelve código: cómo la digitalización replantea el poder en México
«La digitalización del gobierno no es un asunto técnico ni una moda administrativa; es, en sentido estricto, una disputa por el control del tiempo, del espacio público y de las relaciones de poder», escribe Misael Sánchez en Gobierno digital y poder público. Esa frase resume la tensión central: detrás de trámites más rápidos hay decisiones que redistribuyen autoridad, visibilidad y acceso.
En los últimos años el Estado mexicano impulsó herramientas como la Plataforma Digital Nacional y servicios en línea para servicios sociales, salud y trámites. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, reconoce avances en oferta digital, pero también alerta sobre brechas de acceso y transparencia. INEGI registra que más de dos tercios de la población usan internet, pero el acceso es desigual según edad, ingreso y territorio, lo que convierte cualquier política digital en una apuesta por la inclusión o en un factor de exclusión.
La digitalización actúa como un reordenador del poder público. Por un lado permite trazabilidad de recursos, apertura de datos y trámites que antes litigaban contra la burocracia. Por ejemplo, una solicitud de apoyo social que antes requería días y varias oficinas ahora puede resolverse en línea, lo que reduce el margen para discrecionalidad y sobornos.
Por otro lado, la concentración de plataformas y algoritmos centraliza decisiones. Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han señalado riesgos de vigilancia, usos indebidos de datos y opacidad en cómo se toman decisiones automatizadas. La Plataforma Digital Nacional, al reunir datos de distintas dependencias, plantea preguntas sobre quién controla la información y con qué fines.
En términos concretos, la transformación impacta la vida cotidiana. Ana, maestra de 45 años en Puebla, cuenta que desde que el trámite para la pensión se puede iniciar en línea ahorra viajes y días de trabajo. Sin embargo, su sobrino de 67 años no usa internet y dependió de terceros para completar la solicitud, lo que expone la brecha generacional.
La discusión pública debe moverse en dos frentes: garantizar que los servicios digitales sean universales, accesibles y diseñados pensando en quienes menos conectividad tienen, y regular con claridad el uso de datos, la rendición de cuentas de algoritmos y la participación ciudadana en la gobernanza digital. Misael Sánchez insiste en que no basta con tecnología; se necesita disputa democrática sobre prioridades y reglas.
Recomendaciones desde la evidencia y la sociedad civil incluyen invertir en conectividad en zonas rurales, capacitar a servidores públicos y ciudadanos, publicar modelos y criterios de algoritmos, y crear mecanismos independientes de supervisión. Ese paquete no es un lujo técnico, es una condición para que la digitalización potencie justicia y derechos en lugar de concentrar control.
El Estado digital no es neutro. Es una nueva tecnología política que puede acercar al gobierno a la gente o alejar a quienes ya están al margen. La tarea es colectiva: exigir transparencia, participar en el diseño de las plataformas y defender la equidad digital para que la revolución silenciosa no reproduzca viejas reglas de poder bajo nuevo código.
Fuentes: Misael Sánchez, Gobierno digital y poder público; INEGI; OCDE; Red en Defensa de los Derechos Digitales.
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