ONU plantea riesgo de que las desapariciones en México sigan al alza hasta 2026
El organismo integró datos desde 2012 para evaluar una crisis que comenzó en 2006 y hoy sigue afectando a miles de familias, alerta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que las tendencias en desapariciones en México muestran señales preocupantes que podrían mantenerse hasta 2026 si no hay cambios sustantivos en las políticas públicas. El análisis, que integró información recopilada desde 2012 para entender una crisis que se remonta a 2006, señala fallas persistentes en la búsqueda, investigación y reparación a las víctimas.
Según el informe de la ONU y los registros nacionales, México enfrenta todavía un número muy alto de personas desaparecidas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 100,000 casos acumulados en los últimos años, una cifra que, más que un número frío, equivale a hogares en espera, identidades sin cerrar y un tejido social lastimado.
La ACNUDH subraya que las cifras deben leerse junto con otros indicadores: la existencia de fosas clandestinas, la lentitud en las investigaciones, la fragmentación de datos entre instancias y la escasa atención integral a familiares buscadores. Organizaciones civiles como Amnistía Internacional y colectivos locales de búsqueda han señalado en reiteradas ocasiones la misma preocupación y han pedido reforzar capacidades forenses y protocolos de búsqueda.
El informe identifica patrones claros: en algunas regiones las desapariciones se mantienen o aumentan, en otros hay una aparente estabilización pero sin resolución de casos antiguos. Además, preocupa el impacto diferenciado en mujeres, niñas y adolescentes, y la exposición de familias que se organizan para buscar a sus desaparecidos sin apoyo suficiente del Estado.
Desde el enfoque humano, esto significa que políticas públicas incompletas no solo dejan impunidad, sino que prolongan el duelo y la incertidumbre. Para cambiar la tendencia, la ONU recomienda acciones concretas: consolidar un registro único y accesible, acelerar las búsquedas inmediatas, fortalecer laboratorios forenses, garantizar la protección de familiares buscadores y mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales.
La Fiscalía General de la República, autoridades locales y la Secretaría de Gobernación están entre las instancias llamadas a actuar. El reto incluye también invertir en prevención: programas de educación, empleo y bienestar en comunidades vulnerables que reduzcan los factores que alimentan la violencia y la desaparición.
Hay avances parciales: la creación del Registro Nacional y leyes de atención a víctimas son pasos en la dirección correcta, pero la ONU pide pasar de iniciativas aisladas a una estrategia integral y sostenida en recursos. El tiempo corre para las familias que siguen buscando a sus seres queridos.
Al final, la advertencia de la ONU no es solo fría estadística: es un llamado a devolver seguridad y certeza a la gente. Si las instituciones responden con transparencia, recursos y colaboración con colectivos y organizaciones civiles, existe margen para cambiar la proyección hacia 2026. Si no, el país corre el riesgo de ver cómo una generación hereda la normalización de la desaparición.
Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; Amnistía Internacional.
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