Ulises mejía confronta a monreal en San Lázaro y reclama apoyo para frijoleros
Por Javier Torres / Zacatecas
En una escena que encendió la polémica y puso sobre la mesa la crisis del campo zacatecano, el alcalde y aspirante político Ulises Mejía enfrentó ayer al gobernador David Monreal en el recinto de la Cámara de Diputados, exigiendo medidas urgentes para los productores de frijol. Según reportes de El Universal, la discusión se dio en medio de abucheos y señalamientos que el gobernador atribuyó a «tres diputados», lo que dejó un malestar palpable en San Lázaro y alimenta tensiones rumbo a 2027.
La demanda central de Mejía fue clara: respaldos económicos y compras públicas que permitan a las familias productoras vender precio justo y no perder cosechas por falta de canales de comercialización. Para muchos frijoleros del estado, la cosecha es la diferencia entre salir adelante o endeudarse. Mejía pidió que el gobierno federal implemente programas puntuales —como líneas de compra, seguros agrícolas y apoyo logístico— y no promesas genéricas.
David Monreal, por su parte, rechazó atribuir la protesta a la falta de interés del Ejecutivo; aseguró que se trabaja en distintos frentes para el campo. Sin embargo, su reacción señalando a “tres diputados” por los abucheos generó preguntas sobre la coordinación política entre el estado y la representación federal. La fricción entre funcionarios de la misma fuerza política abre dudas sobre la capacidad de respuesta inmediata a las urgencias agrícolas.
Detrás del reclamo hay números y realidades: el frijol es alimento básico y fuente de ingreso para miles de familias en Zacatecas. La volatilidad de precios, el aumento en costos de insumos y la falta de esquemas de compra garantizada hacen que la producción sea económicamente vulnerable. Cuando un productor deja de sembrar por falta de rentabilidad, no solo pierde él, pierde una pieza de seguridad alimentaria para la comunidad.
La escena en San Lázaro no fue solo un cruce político; fue también un recordatorio de que las políticas públicas necesitan traducirse en acciones concretas en el campo. Propuestas que han mostrado resultado en otros estados incluyen la compra gubernamental anticipada, fondos de estabilización de precios y alianzas con acopiadores locales para acortar la cadena y reducir intermediarios. Son instrumentos que, si se diseñan bien, pueden sostener a los pequeños y medianos productores.
Desde una mirada ciudadana, lo que reclaman los frijoleros es sentido común: certidumbre y condiciones básicas para trabajar. La política, en este caso, debe servir como puente entre la urgencia productiva y las estructuras de apoyo del Estado. El cruce entre Mejía y Monreal evidencia que, además de medidas técnicas, hace falta coordinación y voluntad política para priorizar a quienes siembran el alimento diario.
Las implicaciones electorales también están en juego. Los gestos, las acusaciones y los apoyos condicionados se leerán en clave 2027. Para los actores políticos, responder con hechos ahora puede significar ganar confianza; no hacerlo, perder credibilidad en territorios donde la agenda social y rural pesa mucho.
Qué sigue: que la Federación y el gobierno estatal concreten en corto plazo acuerdos públicos sobre compras y apoyos, y que los diputados —los señalados y el resto— participen en la construcción de soluciones reales. Sin acuerdos operativos, las palabras quedan en el aire y los productores seguirán siendo los más afectados.
El caso deja claro que en política, como en la milpa, la cosecha depende del trabajo en conjunto. El país necesita que las diferencias se traduzcan en políticas que lleguen a la tierra y al comedor de las familias. Revista El Universal registró los hechos; ahora toca a las autoridades demostrar que están del lado de quienes producen el frijol que alimenta a México.
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