Segego presenta datos y reconoce retos en protección de personas defensoras en Oaxaca
Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de marzo del 2026.-
En respuesta al informe difundido esta semana por diversas organizaciones de la sociedad civil que señala un supuesto retroceso en derechos humanos y un aumento de agresiones contra personas defensoras en Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) presentó documentación que, afirma, muestra avances en mecanismos de protección y atención.
La Segego señaló ante medios y organizaciones que ha reforzado la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a riesgos contra defensoras y defensores, así como la implementación de protocolos de prevención, medidas cautelares y rutas de acompañamiento. Según la secretaría, estas acciones han buscado reducir la exposición de las personas en riesgo y mejorar la respuesta institucional cuando se reportan amenazas.
Sin embargo, la misma dependencia reconoció que existen casos pendientes de investigación y desafíos en la implementación local de las medidas de protección, especialmente en municipios con alto grado de violencia y poca capacidad institucional. La Segego invitó a las organizaciones a mantener un diálogo constructivo y a compartir datos para cruzar registros y llegar a diagnósticos más precisos.
Las organizaciones que difundieron el informe sostienen que hay un contexto preocupante de agresiones y asesinatos contra defensores y defensoras, y reclaman mayor transparencia, cifras desagregadas y garantías reales en la investigación de delitos. En su comunicado las agrupaciones pidieron que las autoridades estatales y federales fortalezcan la protección preventiva y no se limite a respuestas reactivas.
Este choque de versiones pone en evidencia que, más allá de los comunicados, la disputa central es sobre la calidad y comparabilidad de los datos: qué delitos se incluyen, cómo se tipifican las agresiones contra la defensa de derechos y qué plazos se usan para medir avances. La falta de estadísticas públicas y homogéneas dificulta a la ciudadanía saber si las medidas han cambiado la realidad en el terreno.
Para la comunidad afectada, las cifras no son una abstracción. Una persona defensora entrevistada en la ciudad de Oaxaca, quien pidió reservar su nombre por seguridad, explicó que las medidas institucionales sirven si son permanentes y acompañadas con trabajo comunitario y justicia pronta. «La protección no puede ser una carta que aparece solo cuando hay una alerta», dijo la persona, y subrayó la necesidad de prevención y de investigación eficaz cuando ocurren agresiones.
Fuentes consultadas dentro de organizaciones de derechos humanos coinciden en que reconocer avances y, al mismo tiempo, señalar fallas es compatible y necesario. La crítica constructiva ayuda a afinar los mecanismos, mientras que la rendición de cuentas obliga a mejorar la implementación.
En lo inmediato, tanto la Segego como las agrupaciones propusieron mesas de trabajo para contrastar registros y acordar indicadores claros. Expertos consultados destacan tres necesidades concretas: consolidar un registro público y desagregado de agresiones contra defensoras, garantizar recursos para el Mecanismo Estatal de Protección y asegurar la participación comunitaria en las soluciones.
El camino no es simple: la protección de personas defensoras requiere datos, voluntad política y trabajo cercano con las comunidades. Que la Segego y las organizaciones hayan retomado el diálogo es un paso, pero la confianza se gana con resultados visibles en las calles, en las carpetas de investigación y en la vida cotidiana de quienes defienden derechos.
Fuente: Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (Segego) y organizaciones de la sociedad civil.
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