Amnistía alerta que revocación de donatarias por el SAT debilita la vigilancia ciudadana
La organización señala que las exigencias hacia las ONG contrastan con la falta de información pública sobre el uso de recursos por parte de instituciones públicas.
La decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cancelar la autorización de donatarias a varias organizaciones de la sociedad civil generó ayer una crítica firme de Amnistía Internacional. En un comunicado, la ONG advierte que medidas así no sólo afectan la financiación de proyectos sociales, sino que erosionan la capacidad de la ciudadanía para vigilar al poder.
Las donatarias autorizadas son organizaciones que pueden recibir donativos con deducción fiscal; cuando se les retira ese estatus, pierden una vía importante de financiamiento. Amnistía Internacional señaló que las exigencias administrativas se han endurecido para las organizaciones, mientras que persiste una opacidad sobre cómo usan sus recursos diversas instituciones públicas, lo que dificulta la rendición de cuentas en el país.
Desde la visión de Amnistía, pedir cuentas a las ONG debe estar acompañado de controles equivalentes sobre el Estado. «Si a quienes señalan irregularidades se les limita el financiamiento y la operatividad, el resultado es menos transparencia para todos», plantea la organización en su pronunciamiento. Esa postura busca poner en perspectiva el papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de rendición de cuentas: son faros que ayudan a orientar a la sociedad, no adversarios a silenciar.
El SAT, por su parte, ha defendido que las revocaciones responden al cumplimiento de la normativa fiscal y a procedimientos de verificación. La Secretaría de Hacienda ha repetido en comunicados que la ley debe aplicarse con imparcialidad. Sin embargo, Amnistía y varias organizaciones civiles piden mayor claridad sobre los criterios utilizados, plazos de revisión y mecanismos de apelación efectivos.
¿Qué cambia en la vida cotidiana? Programas de atención a víctimas, asesoría legal gratuita, investigación sobre corrupción y proyectos de educación y salud suelen depender de donativos privados y de la confianza fiscal que permite recibirlos. Perder el estatus de donataria puede significar, en la práctica, recortes de personal, cierre de proyectos locales y menor acompañamiento a comunidades vulnerables.
Analistas y defensores consultados por Amnistía subrayan que la solución pasa por dos caminos: mejorar la transparencia y rendición de cuentas del propio Estado, y garantizar procedimientos claros y proporcionales para revisar a las organizaciones civiles. Sin estas medidas, la acción fiscal puede percibirse como un control selectivo que desincentiva la participación ciudadana.
Amnistía Internacional concluye llamando a las autoridades a proteger el espacio cívico: que las revisiones fiscales sean transparentes, que se publiquen criterios públicos y que exista un recurso ágil para las organizaciones afectadas. La propuesta es sencilla y práctica: igualdad de obligaciones y de escrutinio para todos, para que no se apague el poco faro que a veces queda encendido para iluminar a quienes gobiernan.
La discusión continúa abierta. Lo que está en juego no es solo el presupuesto de unas cuantas organizaciones, sino la capacidad de la sociedad para informarse y exigir cuentas. Como dice Amnistía Internacional, vale preguntarse qué país queremos: uno donde nadie vigile al poder, o uno donde la vigilancia ciudadana sea parte de la democracia.
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