Ayuntamiento separa a funcionario en Oaxaca tras denuncia por intento de violación
Versiones difundidas en redes sociales señalan que los hechos habrían ocurrido dentro de instalaciones del gobierno municipal.
El Ayuntamiento informó la separación temporal de un funcionario municipal luego de que en redes sociales se difundiera una denuncia por un presunto intento de violación que, según las versiones, habría ocurrido dentro de las instalaciones del gobierno municipal. La identidad de la persona señalada no fue revelada por las autoridades.
Fuentes del Ayuntamiento confirmaron a este periódico que la medida responde a la necesidad de mantener la investigación administrativa en curso y evitar posibles interferencias. Por su parte, en redes sociales usuarios y usuarias exigieron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca intervenga con rapidez y garantice el acceso a la justicia para la presunta víctima.
Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no había emitido un posicionamiento público detallado sobre la apertura de una carpeta de investigación; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas locales pidieron transparencia en el proceso y el respeto a los protocolos de atención a víctimas.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de las agresiones de género en espacios públicos y privados, y plantea preguntas sobre los mecanismos de prevención y control dentro de las administraciones municipales. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece obligaciones para autoridades de todos los niveles, incluyendo medidas para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.
Especialistas consultados por este diario señalan que la separación cautelar del cargo es una práctica necesaria pero no suficiente: es clave que exista una investigación profesional, con perspectiva de género, atención médica y psicológica para la presunta víctima, y procesos administrativos y penales claros que eviten la impunidad.
Vecinas y vecinos del municipio expresaron su inquietud por lo sucedido y demandaron que las autoridades locales rindan cuentas sobre las medidas que tomarán para prevenir que se repitan hechos similares dentro de oficinas públicas. «No se trata solo de remover a una persona; es revisar procedimientos, capacitación y protocolos», dijo una activista local.
La espera ahora es la respuesta de la Fiscalía y las acciones que anuncie el Ayuntamiento para garantizar el debido proceso. Este diario dará seguimiento a la investigación y reportará cualquier avance, con especial énfasis en la protección de la presunta víctima y el cumplimiento de la ley.
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