Ucizoni denuncia campaña de intimidación y espionaje en el Istmo ligada al CIIT
La organización indígena asegura que defensores sufren persecución, disparos y vigilancia; responsabiliza al Estado por agresiones relacionadas con el Corredor Interoceánico.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció una escalada de agresiones en municipios del Istmo de Tehuantepec que, según su comunicado difundido y reportado por El Imparcial de Oaxaca, incluye vigilancia, espionaje y episodios de disparos dirigidos a espacios comunitarios donde se organizan defensores del territorio.
UCIZONI responsabiliza al Estado por omisión y por acciones vinculadas al avance del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto de infraestructura que ha generado tensiones por la afectación a territorios indígenas, la imposición de megaproyectos y la falta de consulta libre e informada. La organización afirma que estas agresiones buscan desarticular la organización comunitaria que se opone a determinados tramos del proyecto.
Los hechos denunciados, de acuerdo con la organización y con el registro de El Imparcial de Oaxaca, incluyen seguimiento sistemático a activistas, el uso de equipos de vigilancia y al menos un incidente con disparos en zonas donde se realizan reuniones comunitarias. UCIZONI exige que las autoridades investiguen, cesen las hostilidades y garanticen la integridad de las personas defensoras de derechos colectivos.
El contexto no es nuevo: comunidades del Istmo llevan años denunciando la falta de consulta y el riesgo de desplazamiento por obras del CIIT, además de episodios de criminalización de quienes se oponen. Para muchas familias, la lucha por la tierra y el agua se ha convertido en una tarea cotidiana que implica exposición a represalias y una sensación creciente de inseguridad.
Desde un enfoque práctico, esto impacta la vida diaria: escuelas que suspenden actividades por miedo, mercados comunitarios con menos participantes y líderes locales que evitan movilizarse por temor a represalias. Las denuncias de UCIZONI plantean también la necesidad de controles claros sobre el uso de tecnología de vigilancia en zonas rurales y de protocolos efectivos de protección para defensores indígenas.
En el plano institucional, UCIZONI solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales para garantizar investigaciones independientes. En paralelo, pide a los tres órdenes de gobierno que respeten el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos, y que suspendan cualquier acción que ponga en riesgo a las comunidades hasta que haya acuerdos claros y consensuados.
Al cierre de esta nota no se había obtenido una respuesta oficial del gobierno federal ni de las autoridades estatales sobre las acusaciones específicas. El Imparcial de Oaxaca recoge la versión de UCIZONI y recuerda que las comunidades afectadas buscan protección y acompañamiento legal para documentar los hechos.
UCIZONI hace un llamado a la sociedad civil, a organizaciones de derechos humanos y a la opinión pública para visibilizar la situación. «No es un conflicto aislado, es la continuidad de una política que prioriza proyectos sobre pueblos», señalaron representantes de la organización en su comunicación. Su petición es clara: que la ley y los derechos colectivos se respeten, y que cesen las estrategias de intimidación.
El caso plantea preguntas urgentes sobre la convivencia entre desarrollo e inclusión: ¿cómo garantizar obras públicas sin violar derechos? ¿Qué mecanismos de protección funcionan para pueblos indígenas que defienden su territorio? La respuesta exige transparencia, investigación independiente y participación real de las comunidades en las decisiones que afectan su futuro.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El Imparcial