José María Balcázar asume interinato en Perú entre críticas por postura sobre matrimonio infantil

El abogado de 83 años, cuestionado por denuncias judiciales y por comentarios sobre el matrimonio con menores, provoca inquietud en organizaciones civiles y en la ciudadanía.

José María Balcázar asumió la presidencia interina de Perú, un hecho que, según reportes de El Comercio y RPP, ha reavivado el debate público por las denuncias judiciales que pesan sobre él y por unas declaraciones realizadas en 2023 en las que pareció no oponerse al matrimonio de personas menores de edad.

La llegada de Balcázar al ejecutivo interino no solo es un cambio de liderazgo; es una señal con impacto concreto para políticas públicas que afectan la vida cotidiana. Para muchas familias y organizaciones que trabajan con niñas y adolescentes, la preocupación es clara: ¿qué mirada tendrá la nueva presidencia sobre la protección de la infancia y la adolescencia?

Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo a las declaraciones atribuidas a Balcázar en 2023. Voces consultadas por este diario coincidieron en que la tolerancia frente al matrimonio infantil —aunque se hayan presentado matices o contextos distintos en distintas ocasiones— puede retroceder avances en salud, educación y protección de niñas y adolescentes.

Además de la controversia por sus posiciones públicas, el abogado de 83 años enfrenta denuncias judiciales, según informó El Comercio. En un país donde la confianza en las instituciones suele ser frágil, la designación de un gobernante con investigaciones en curso alimenta la desconfianza ciudadana y exige claridad procesal y transparencia.

¿Qué está en juego? El matrimonio infantil suele asociarse con abandono escolar, riesgos a la salud mental y física, y una mayor vulnerabilidad económica. Cualquier señal política que relativice la protección de menores puede traducirse en menos recursos para prevención, educación y asistencia social. Por eso organizaciones locales pidieron, en declaraciones recogidas por RPP, que se respete el marco legal de protección y que cualquier cambio o postura pública venga acompañada de datos y de consulta a especialistas.

Desde una mirada institucional pero humana, la sociedad peruana necesita respuestas concretas: que las instituciones judiciales aclaren las denuncias de forma independiente, que el Ejecutivo explique su agenda sobre infancia y adolescencia, y que se abra un espacio de diálogo con actores sociales. El periodismo también tiene un papel: verificar hechos, preguntar a las fuentes y mantener informada a la ciudadanía.

Esta redacción continuará siguiendo las reacciones de partidos políticos, organizaciones civiles y organismos internacionales. Mientras tanto, la pregunta que queda en las calles y en las plazas es sencilla y urgente: ¿cómo proteger mejor a las niñas y adolescentes en un momento de cambio político?

Fuentes: El Comercio, RPP y consultas a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la infancia.

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